Testimonio de exmilitar confirma masacres en Guatemala

WSAV Ahora

Los excomandantes del ejército guatemalteco Benedicto Lucas García, en el centro, Manuel Callejas y Callejas, a la derecha, y César Octavio Noguera Argueta esperan al juez Miguel Ángel Gálvez en una sala de audiencias en la Ciudad de Guatemala, el lunes 25 de noviembre de 2019. Los tres están acusados de dirigir la campaña militar contra las comunidades mayas Ixil entre 1978 y 1982 durante la guerra civil del país. (AP Foto / Moises Castillo)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El pueblo maya de la región Ixil, en el centro-norte de Guatemala, siempre fue considerado un grupo indígena valiente, aguerrido y defensor de sus raíces, creencias y territorio.

Fue por eso que -según documentos y testimonios, incluido el de un exmilitar- la guerra contra la subversión en el país centroamericano de fines de los años 70 y principios de los 80 se ensañó con esa población.

A 41 años del llamado “genocidio Ixil en el gobierno de Lucas”, la justicia se asoma por una rendija para las víctimas que demandan que se esclarezca lo que sucedió y claman castigo para quienes ordenaron tantas muertes.

El caso se reactivó en octubre, luego de 19 años de haberse presentado la denuncia, cuando autoridades detuvieron a César Octavio Noguera Argueta, de 77 años, exjefe de operaciones militares del gobierno del general Romeo Lucas García (1978-1982), acusado de genocidio.

Junto a Noguera están acusados los generales Benedicto Lucas García, de 87 años, y exjefe del Estado Mayor del ejército, y Manuel Callejas y Callejas, de 82, exjefe de Inteligencia Militar, que entonces integraban el gobierno castrense.

Ambos militares fueron condenados en mayo a 58 años de prisión por la detención y desaparición de un niño de 14 años y la violación de su hermana en 1981. Los tres militares han declarado por el caso de la masacre ante un juez y se han declarado inocentes.

Pero esta semana el juez de la causa autorizó a la Fiscalía que investigue a los militares para posteriormente decidir si enfrentarán un juicio.

The Associated Press tuvo acceso a uno de los más de 300 testimonios que se recopilaron en el caso, en el que un testigo presencial de los crímenes y miembro del ejército -cuya identidad se protege por seguridad- declaró ante el juez Miguel Ángel Gálvez sobre las violaciones, torturas, desapariciones y destrucción que supuestamente presenció y que le habrían ordenado ejecutar.

“Ya habíamos recibido la orden desde arriba, desde el Estado Mayor, donde se nos había dicho por ejemplo la quema de todo lo que ahí existía”, relató el testigo y explicó que las masacres “eran un procedimiento normal”.

“Ya nadie se asustaba de que, por ejemplo, llegara una patrulla militar y eliminara a las personas que consideraba enemigos”, dijo.

“Todos eran enemigos. Un niño, un hombre, una mujer, un anciano ya eran considerados enemigos”, señaló el testigo y aseguró que la más alta autoridad del ejército tenía conocimiento de los crímenes. “Siempre, desde el inicio de la guerra hasta el final, tuvo conocimiento de todo lo que estaba pasando”, dijo.

El militar le contó al juez que vio a elementos del ejército masacrar niños, mujeres y ancianos. Dijo que si se encontraba una fotografía de un niño con un arma que alguien le había prestado se lo consideraba un enemigo en potencia porque “supuestamente todos estos niños iban a engrosar las filas guerrilleras”.

La región Ixil está conformada por los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, del departamento de Quiché, una zona montañosa y de las más pobres del país.

Fue allí donde la guerra entre el ejército y la guerrilla se cobró la vida de miles de personas que fueron asesinadas o desaparecidas, además de causar masivos desplazamientos.

En ese entonces, relató el exmilitar, el área Ixil se clasificó como “zona roja” pues el ejército la consideraba un bastión subversivo ya que en el lugar operaban los grupos guerrilleros Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Sin embargo, en la clasificación también se incluyeron zonas civiles, agregó.

“Ellos vivían atemorizados las 24 horas”, dijo el testigo sobre la vida en la región tras las masacres.

Los sobrevivientes huyeron a las montañas. “Muchas veces no morían por las balas de un soldado sino por caer a un barranco, porque adormitados salían corriendo”, afirmó.

Agregó que el ejército bombardeaba las comunidades, lo que los hacía constantemente cambiarse de lugar.

“Dejaban abandonadas sus ropas, entonces bastante mujeres, hombres y niños estaban desnudos (en la montaña). Su estado físico era deplorable” sin nada que comer, lo que terminó con la vida de mucha gente, aseguró.

El testigo relató que las violaciones sexuales se convirtieron en una práctica común. “Como se sabía que estas personas ya iban a morir entonces lo tenían como algo que había que aprovechar”, dijo y aseguró que entre las víctimas hubo niñas de hasta 14 años.

Pero uno de los hechos que colmó al ejército fue un ataque guerrillero contra un destacamento militar en San Juan Cotzal el 19 de enero de 1982, donde habrían muerto más de una docena de militares.

“En ese momento todo el ejército entró en rabia, en cólera, en ira, porque todos sabíamos que ese destacamento era una fortaleza impenetrable”, aseguró el exmilitar. Fue tal el enojo que todos los oficiales pensaban en eliminar a todo cotzaleño, relató el testigo.

“Todos se habían convertido en los enemigos”, dijo. Y entonces comenzaron los bombardeos al área por orden del Estado Mayor del ejército a cargo de Lucas García.

En tanto, el ejército formó en el lugar a patrulleros civiles y paramilitares que colaboraban con ellos en el control e información de las comunidades, algunas veces también participando de los crímenes de guerra.

El testigo aseguró que pese a las torturas, masacres y destrucción el ejército no logró controlar a la población Ixil.

“Nunca pudo hacerlo, atemorizar sí”, dijo. A partir de entonces la población se vio forzada, por temor, a colaborar con el ejército.

Guatemala vivió una guerra entre 1960 y 1996 que, según un informe elaborado por Naciones Unidas, dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. Según ese informe el ejército y los paramilitares fueron responsables del 97% de los crímenes y la guerrilla del 3% restante.

Documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), reveló que el gobierno estadounidense de entonces conoció las atrocidades que sucedían en el triángulo Ixil.

Este no es el primer caso de genocidio que se discute en el país.

En septiembre de 2018 un tribunal resolvió que en Guatemala hubo un genocidio pero absolvió del cargo a José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex Jefe de Inteligencia del gobierno del dictador José Efraín Ríos Montt (1982 al 1983). Ríos Montt también estuvo en la causa, pero murió el 1 de abril de ese año antes de dictarse el fallo.

Ríos Montt fue condenado por un tribunal a 80 años de prisión por genocidio en 2013 por la muerte de 1.771 indígenas ixiles, pero la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo aduciendo fallas en el debido proceso.

La denuncia del caso Ixil en el gobierno de Lucas fue presentada por la Asociación Justicia y Reconciliación, que representa a familiares de 1.421 víctimas.

El testigo afirmó que los militares pensaban que nunca iban a ser castigados por sus crímenes. “Un oficial sabía que nunca iba a ser castigado a la hora de eliminar a una persona o una población” y que el mismo ejército asesinó a militares que se negaban a cumplir órdenes.

“Mi interés particular es que se llegue a saber la verdad, para que nunca más vuelvan a ocurrir esos hechos denigrantes”, aseguró al tiempo que afirmó que su testimonio pone en riesgo su vida.

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